Solicitan sanción disciplinaria para 5 fiscales acusaron a coronel de "sabotaje"
Santo Domingo.-
El equipo legal del coronel policial Ramón Antonio Guzmán Peralta, compuesto por Antoliano Peralta y Luis Soto, formalizó este lunes una solicitud de acción disciplinaria, ante la Inspectoría General del Ministerio Público contra los cinco fiscales responsables de apresar y perseguir judicialmente al oficial de la Policía “sobre la base de una falsa imputación con el presunto propósito de involucrar al candidato presidencial Luis Abinader en un supuesto sabotaje contra las elecciones municipales de febrero”.
El procedimiento disciplinario propone que los fiscales Joan Alcántara, Milcíades Guzmán, José Guillermo Soriano, Fernando Quezada y Edward López Ulloa, sean sancionados conforme a la gravedad de los hechos y específicamente que sean destituidos de los cargos que ocupan en el Ministerio Público.
De acuerdo a la denuncia, los funcionarios actuaron contrario al régimen disciplinario del ministerio público, en la medida en que solicitaron y ejecutaron una orden de arresto y allanamiento sobre la base de una falsa información, al decirle al juez de atención permanente que el coronel Guzmán Peralta “desde hace varios años estaba siendo investigado por tráfico de armas de fuego en todo el territorio dominicano, así como lavado de activo y terrorismo”.
“En este caso también queda claro que los fiscales cometieron faltas disciplinarias, porque inobservaron el mandato constitucional de garantizar los derechos fundamentales, y, por el contrario, mintieron al juez en la solicitud de orden de arresto y allanamiento y la ejecutaron a sabiendas de que estaba motivada en falsos presupuestos, todo ello con propósitos ajenos a la buena justicia”, expone el consejo legal del coronel Guzmán Peralta.
El alto oficial de la Policía, quien había sido asignado como escolta de Luis Abinader, estuvo detenido desde el 17 al 20 febrero en virtud de una orden de arresto y allanamiento dictada por el juez de atención permanente de la provincia Santo Domingo, para responder por una supuesta investigación en relación a delitos como tráfico de armas, terrorismo y lavado de activos.
El magistrado dispuso la libertad del oficial, luego de que los fiscales informaran que retiraban los cargos de la investigación atendiendo a una solicitud del Poder Ejecutivo, para que la OEA realizara la investigación.
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