La primera es de inversiones directas del Estado a través del Presupuesto General de la Nación, realizadas con las recaudaciones. Mientras que la segunda comprende alianzas público-privadas, en las cuales el Estado y el sector privado unen esfuerzos con aportes de capital y financiamiento, garantizado por las mismas obras.
La tercera abarca concesiones al sector privado nacional y extranjero, otorgadas de manera transparente, a partir de licitaciones públicas; la cuarta implica la creación de fideicomisos con activos productivos del Estado y que actualmente generan flujo de caja y beneficios, y por último la quinta, que comprende la emisión de Bonos de Infraestructura para financiamiento de obras, con bajas tasas de interés y garantía parcial de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El plan de obras públicas de Castillo abarca la construcción de 100,000 viviendas a precios subsidiados, así como la construcción, ampliación y modernización de infraestructura vial, agrícola, portuaria y de transporte masivo de pasajeros.
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