Santo Domingo. -Con la decisión del presidente Luis Abinader de emitir el controversial decreto que agrega a las funciones de Carlos Pimentel, titular de Compras y Contrataciones Públicas, como también nuevo director de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), este experimentará un importante ajuste salarial, pasando de RD$285,000 que devengaba en la DGCP, a lo que ganará ahora en la DGAPP RD$500,000 mensuales, con un incremento de RD$215,000 por mes.
Este nombramiento ha causado controversias debido a que
infringe las leyes. De acuerdo a la Ley 47-20 de Alianzas Público Privadas, el
director ejecutivo no podrá desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier
naturaleza con excepción de la actividad docente, lo que significa que las
funciones de Pimentel en Contrataciones Públicas chocan con la nueva tarea
asignada por el presidente Luis Abinader.
Al respecto, Pimentel ha salido a defender su designación
prometiendo transparencia a pesar del mencionado conflicto de intereses que ha
generado cuestionamientos en diferentes sectores de la sociedad y del mismo
Gobierno.
De acuerdo a un documento enviado el pasado 3 de octubre, por
el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al presidente
Luis Abinader y al propio Pimentel. En su misiva, Peralta alertó sobre el
conflicto inherente a la simultaneidad de ambas funciones, ya que el director
de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), cargo ocupado por Pimentel hasta
ahora, tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas en
procesos de adjudicación.
La Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas establece
que la DGCP supervisa todos los procesos de contratación, incluyendo los de la
DGAPP. A la luz de estas disposiciones, Peralta ha señalado que permitir que
Pimentel ocupe ambos roles equivale a permitir que un mismo funcionario
supervise y ejecute decisiones que deben mantenerse bajo un control separado
para garantizar la transparencia del gasto público.
La incompatibilidad de funciones es aún más evidente al
aplicar la Ley 247-12 sobre la Administración Pública, que claramente requiere
una división de funciones entre quienes supervisan y quienes operan los
contratos.
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