De probárseles únicamente ese delito, esa sería la sanción que pesaría sobre los encartados
Santo Domingo. -El Código Penal dominicano, vigente desde hace más de 140
años, sanciona la estafa con penas correccionales de seis meses a dos años de
prisión y "multa de veinte a doscientos pesos", las que enfrentarían,
de sólo ser hallados culpables por ese delito los imputados en los ya
frecuentes casos de estafas inmobiliarias.
Los encartados en los últimos importantes casos por engañar
con la falsa promesa de ventas de bienes inmuebles también afrontan la
acusación de lavado de activos, que para algunos expertos en Derecho es difícil
de perseguir y de demostrar por el Ministerio Público, pero que, de ser
probado, agravaría la pena, porque contempla hasta veinte años de cárcel.
La estafa es uno de los delitos que los fallidos proyectos de
leyes de modificación al Código Penal incluyen aumentarle la pena y en los que
la sociedad dominicana no ha logrado ponerse de acuerdo en más de treinta años
de discusión en el Congreso Nacional. Es por eso que, en diciembre, el
presidente Luis Abinader agregó en su proyecto de ley sobre persecución y
judicialización de las organizaciones criminales, agravar el castigo actual a
la estafa con hasta diez años de cárcel. La pieza no ha vuelto a mencionarse
desde entonces.
Son innumerables las estafas contra personas que se han pasado su vida trabajando, tanto en el país, como en Estados Unidos y Europa, que pierden su dinero y las esperanzas de tener una vivienda propia.
El abogado Robinson Reyes dijo que hay que aumentar el peso
de la ley al delito del timo a fin de disuadir a quienes incurren en él. De
hecho, Reyes se fue más lejos y consideró pocos los diez años que propone el
mandatario. Entiende que quienes estafen a menores de 18 años y a
envejecientes, que muchas veces todos sus ahorros lo incluyen en la compra de
una vivienda que al final no existe, deben ser severamente castigado por la
ley.
De la misma manera se expresó el también abogado José Alberto
Ortiz, porque, "dos años es una pena que no desincentiva el delito".
Sin embargo, dice que hay que terminar con los "retazos" que se le
hacen al Código Penal.
Por la deuda de un actualizado Código Penal, el país ha aprobado leyes especiales para endurecer las penas de crímenes como el homicidio y el terrorismo. Por ejemplo, la Ley 631-16 de Armas, contempla 40 años en los casos de homicidios en los que se utilizan armas ilegales; así como la Ley 267-08, de terrorismo, que igualmente establece sanciones de 40 años por ese crimen. En el Código Penal vigente, que data de 1884, la pena máxima es de 30 años. Reyes dijo que la estafa agravada con la vieja ley llega a un máximo de cinco años cuando se falsifican documentos públicos y cuando las víctimas son personas envejecientes u otras personas de cierta vulnerabilidad.
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